EL OBSERVADOR | OPINION | 14/02/2018 | Pag. 15

¿Barranca abajo?

 
 
Por Adolfo Garcé - Politólogo

Sobre mediados del siglo XX Uruguay podía jactarse de ser una de las pocas democracias de América Latina. Apenas veinte años después, a comienzos de los años setenta, el prestigio de los partidos se había hundido y nos habíamos convertido en una dictadura más. Hace pocos días se difundió una nueva medición del informe sobre la democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit. Uruguay figura como una de las pocas democracias plenas del mundo (la única de América Latina y el Caribe). Sin dudas es un dato estimulante. Sin embargo, hay demasiadas razones para alarmarse. La partidocracia viene crujiendo. El fastidio ciudadano, "a la uruguaya", sin tanta estridencia como en otras partes, viene creciendo. Y los partidos parecen no percibir la entidad de la amenaza. Es tiempo de tomarse en serio los problemas.

No manejo información de opinión pública sobre este asunto. Pero sospecho que la ciudadanía está empezando a pensar que el Frente Amplio no cuida con la seriedad requerida el dinero de los contribuyentes. La Comisión Investigadora sobre la gestión de ANCAP instalada a instancias del Partido Nacional, en este sentido, fue lapidaria (gastos innecesarios, inversiones desafortunadas, como mínimo). El gobierno nacional, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, busca equilibrar las cuentas públicas. Se atreve a subir impuestos y tarifas de servicios públicos. Busca maximizar los ingresos. Pero no se esmera tanto en minimizar los egresos. La ciudadanía aceptaría con menos malhumor impuestos y tarifas altos si percibiera que hay gestos de austeridad en el gobierno. ¿Por qué no envían señales en esa dirección? Es evidente que los gestos de este tipo no van a equilibrar las cuentas. Pero contribuirían a preservar la legitimidad del sistema.



Se dirá que los ciudadanos que no están conformes con cómo maneja el FA el dinero de todos pueden votar por los partidos de oposición. Es muy cierto. Sin embargo, también algunos gobernantes que pertenecen a partidos de oposición envían señales que lastiman el prestigio de la democracia. El manejo del personal en algunos gobiernos departamentales genera justificado rechazo en la opinión pública. Demasiados intendentes siguen manejando el ingreso de funcionarios con criterios del siglo XIX (la lealtad política sobre la idoneidad técnica). Para colmo de males, muchos de ellos no tienen ningún problema en contratar a sus parientes. La práctica del nepotismo, que desgraciadamente también existe en el gobierno nacional, está muy extendida a nivel departamental. El nepotismo, desde luego, es mucho más pernicioso para la salud de la democracia que el clientelismo.

Existen diversas iniciativas en el Parlamento para lidiar con problemas de este tipo presentadas por legisladores de todos los partidos. Menciono algunas. El Partido Independiente presentó el año pasado un paquete de iniciativas apuntando a fortalecer la transparencia. El FA puso a consideración, en el año 2008, un proyecto para asegurar que los ingresos de funcionarios en los gobiernos departamentales se realicen por concurso. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado acaba de presentar una iniciativa prohibiendo el ingreso de familiares de gobernantes a cualquier cargo público (la única excepción es que lo hagan por concurso). Ninguna de estas iniciativas ha encontrado todavía suficiente apoyo. Aunque parezca extraño, se requiere mucha madurez en los liderazgos políticos de todos los partidos para que leyes de esta naturaleza, tan drásticas y, por otro lado, tan obvias, sean aprobadas. Me pregunto si nuestros dirigentes tendrán conciencia de hasta qué punto la ciudadanía está pendiente de este tipo de actitudes.

Vale la pena agregar, creo, que los principales partidos no solamente deberían modificar sus prácticas por razones elementales de ética y para impedir que se siga desgastando la confianza ciudadana en el sistema democrático. Deberían hacerlo, además, por razones elementales de cálculo político. Si no reaccionan a tiempo, algún outsider se las ingeniará para pescar en el río revuelto. Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, ya demostró que sabe cómo sintonizar con el descontento popular. Una vez que logró saltar del escenario de Montevideo al nacional (entre 2015 y 2016) disminuyó la frecuencia y el impacto de sus apariciones públicas. Pero no dejó pasar la oportunidad de la crisis en torno a los "autoconvocados" sin criticar el establishment político nacional. Tanto el FA como el PN, por los argumentos ya mencionados, están dejando flancos libres para que un discurso como el suyo pueda prosperar.

De todos modos, el cuidado de la democracia no depende solamente de los partidos. Las instituciones académicas y los medios de comunicación, detectando fragilidades estructurales e informando sobre claudicaciones personales, tienen un papel relevante a cumplir. Pero recae sobre el Poder Judicial una responsabilidad muy especial en la preservación de la salud de nuestras instituciones políticas. La mejor forma de prevenir males mayores es que actúe con celeridad y severidad. Tiene, por cierto, una larga tradición de autonomía técnica respecto al poder político. En un tiempo como éste, en el que algunos resortes morales en los partidos parecen empezar a relajarse, es de la mayor importancia que se atreva a actuar con rigor ante cualquier conducta que linde con la corrupción.

La democracia es un experimento maravilloso pero muy reciente. Por eso mismo, sigue siendo demasiado frágil. En el mundo entero está pasando momentos difíciles. Uruguay no es una isla. Todo lo que pasa en otras partes, tarde o temprano, termina pasando acá. A mediados del siglo XX el conformismo ("como el Uruguay no hay") nos impidió ver a tiempo nuestros defectos. Lo pagamos caro. No tropecemos con la misma piedra.

Doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar

adolfogarce@gmail.com